Tegucigalpa, Honduras.
El Instituto Nacional Agrario, a través de su equipo legal se presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la cual trataron temas sobre los desalojos forzosos de comunidades indígenas, negras y campesinas del país.
En primera instancia se planteó el compromiso de la mandataria y su gabinete de gobierno con la promoción, defensa y respeto de los derechos humanos de todas y todos, especialmente de las comunidades de los pueblos originarios.
Asimismo, el procurador informó que la Unidad de Recepción de Casos y Respuesta Inmediata registró un total de 25 casos de consejos indígenas y organizaciones campesinas, que solicitaron acciones de protección ante alertas de desalojos en sus comunidades, lo cual permite coordinar operativos de seguridad y acompañamiento en conjunto con demás instituciones gubernamentales involucradas.
Tomó la palabra el Secretario de Estado en el despacho de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez, quien manifestó que el 20 de marzo del año 2023, fue publicada en el diario oficial La Gaceta la “Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente”, la cual tiene como objetivo prevenir el desplazamiento interno, atender, proteger y brindar asistencia humanitaria a las personas individuales o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual.
Por otro lado, la presidenta Constitucional de la República, creó en Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la Comisión Nacional de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, coordinada por el ministro Francisco Funes, la cual es responsable de disminuir la mora agraria, frenar la violencia y criminalización en contra de las comunidades antes mencionadas.
Continuó diciendo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha enfatizado que las ejecuciones de los desalojos deben de acatarse en concordancia con las observaciones generales emanadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quienes deben garantizar los derechos humanos, haciendo hincapié que los desalojos no deben ser injustos o ilegales, pero que también se debe respetar la propiedad privada.
Finalmente, la delegación interinstitucional del Estado de Honduras estuvo integrada por el abogado Tomás Emilio Andrade Rodas, Sub Procurador General de la República de Honduras, por la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Presidencia, el Instituto Nacional Agrario y el Instituto de la Propiedad e instituciones relacionadas con el tema.
Es importante mencionar que el abogado Víctor Murillo como parte del equipo de asesoría Legal del INA participó también como veedor de esa importante reunión de defensa de derechos humanos.
